EL TRIENIO CONSTITUCIONAL
Cabe recordar los que en un principio fueron los
parámetros en los que se basó la
Constitución de 1812 de la primera época, por llamarlo de
alguna manera, para compararlos con los de esta segunda, para que poco a poco,
vayamos desgranando la declaración de
derechos que, posiblemente tal vez por oportunismo, aparece repartida a lo
largo de la Constitución ,
y comprobar que en ninguna de las dos etapas se resolvieron los problemas de
los que adolecía la Nación ,
ni los resolvió tampoco el gobierno absolutista durante la primera época de su
reinado, llamada sexenio absolutista. De
esta declaración de intenciones, pues no la podríamos definir de otra manera,
se desprenden la libertad civil, propiedad y demás derechos legítimos según su
artículo 4, además de la libertad de imprenta (131), igualdad ante la Ley (248) y derecho de
petición (373). La soberanía Nacional que recoge el artículo 3 es uno de los
que mayores suspicacias atrae por parte de las líneas absolutistas además de la
división de poderes, confiando el legislativo a las Cortes con el rey (15), el
ejecutivo al propio rey (16 y 170) y el judicial a los Tribunales (17 y 242).
La colaboración de la Corona
en las tareas legislativas se realiza en virtud de la iniciativa legal (171), y
del veto suspensivo, durante dos legislaturas, de los proyectos aprobados por
las propias Cortes (142 a
Fuera de estas intervenciones que en realidad tienen
un alcance limitado, la capacidad de decisión pertenece a las Cortes en cuya
composición predomina la burguesía, y se excluye asimismo a quienes no tengan
una cierta posición económica al exigir a los diputados una renta anual
procedente de bienes propios (art.92). Este último artículo, parece chocar de
forma especial con el propio ideal del liberalismo, pues si se declara como
principio fundamental la igualdad de derechos, parece algo controvertido que se
exija una cierta riqueza para acceder a la representación en las Cortes, en
cierto sentido la búsqueda de una sociedad justa no casa con la exigencia de
que se debe tener cierta posición económica.
Las órdenes del monarca, deberán estar suscritas por el ministro del
ramo correspondiente, al que se declara responsable de su gestión ante las
Cortes, y aquí surge el otro de los principales problemas con los partidarios
del absolutismo, además de que en lo referente a las relaciones del rey con las
Cortes, se establece que el monarca no podrá impedir, suspender ni disolver sus
sesiones.
El llamado Trienio Constitucional (1820-1823), o Trienio
Liberal, es una de las etapas más complicadas del siglo XIX en España, y se
podría decir que por primera vez, entraba en vigor plenamente la Constitución española de
1812, y lo hace con incertidumbre y no carente de problemática, igual que lo
hizo al principio de su nacimiento y al igual que lo hizo después del mismo la
restauración de la monarquía absoluta. Primeramente, ya no era una unión
liberal como lo fue en sus principios.
La crisis de la economía nacional, en aquel año de
1820, pasaba por su peor momento, además de que las antiguas colonias
americanas, aprovechaban la debilidad de la gran metrópoli para afianzar su
independencia, en contra de lo que pensaron los ingenuos revolucionarios
liberales, y pronto sobrevino la primera guerra civil de la historia
contemporánea de España, que provocó una intervención extranjera, símbolo, una
vez más, de la impotencia del pueblo español por resolver sus propios
problemas.
Pero empecemos por el principio. No podemos hablar en
términos constitucionales de instauración, si no de restauración, ya que se
hizo en nombre de algo previo, que ya se había declarado en su momento, y,
precisamente aquí, surge la primera controversia, la familia liberal, se divide
en dos facciones, los moderados y los exaltados, o doceañista y veinteañistas,
con el tiempo, estas dos facciones representarían al partido moderado, los
primeros, y al partido progresista, los exaltados. Los moderados o doceañistas
fueron los que asumieron el poder, también eran llamados gaditanos, o facción
templada, intentando un cambio con la
corona, es decir, los “doceañistas” pretenderán modificar la Constitución buscando
una transacción con el Rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al
monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más
altas, pero los exaltados o
veinteañistas pretendían una ruptura con
el Antiguo Régimen, pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812.
Así empezaron los partidos políticos.
La división
liberal, se produce precisamente por eso mismo, ya que los que suben al poder
no son precisamente los que hicieron y pelearon la revolución, si no los
antiguos idealistas patriarcas del liberalismo español, los hombres de las
Cortes de Cádiz, y a esto se limitó su capacidad legislativa en un primer
momento, su acción se redujo a reproducir al pie de la letra todos y cada uno
de los decretos de las Cortes de Cádiz de 1812, estuvieran o no conformes con
los nuevos tiempos, con lo que podemos decir que no fueran demasiado originales,
aunque de forma general el gobierno liberal restableció gran parte de las
reformas de Cádiz: la supresión de señoríos jurisdiccionales y mayorazgos, de
los gremios, de las aduanas interiores, desamortizaciones de tierras de
monasterios, libertad de creación de industrias, abolición de la Inquisición ,
restablecimiento de las libertades políticas y de los ayuntamientos
constitucionales, modernización de la política y la administración bajo los
principios de la racionalidad y la igualdad, la amnistía de los firmantes del
Manifiesto de los Persas y el cierre de las Sociedades patrióticas, la «Ley de
reforma de comunidades religiosas» (1820), mediante la que se suprimen los monasterios de algunas
órdenes religiosas y los conventos y colegios de las órdenes militares de
Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara; se prohíbe fundar nuevas casas
religiosas o aceptar nuevos miembros. Y concedía cien ducados a todos los
religiosos y monjas que desearan abandonar su orden.
Crearon la Milicia Nacional , cuerpo
de voluntarios de clases medias urbanas para garantizar el orden y defender las
reformas constitucionales, hay que decir que las más drásticas de todas estas
medidas se tomaron en la última fase del Trienio Liberal liderado por los
exaltados o veinteañistas, van a aplicar una política claramente anticlerical:
expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, supresión de la Inquisición ,
desamortización de los bienes de las órdenes religiosas... Todas estas medidas
trataban de debilitar a una poderosísima institución opuesta al
desmantelamiento del Antiguo Régimen. El enfrentamiento con la Iglesia será un elemento
clave de la revolución liberal española. La división de los liberales introdujo
una gran inestabilidad política durante el Trienio, asimismo, hay que volver a
recordar que los diputados liberales españoles concibieron la nación como un
sujeto indivisible, compuesto exclusivamente de individuos iguales, al margen
de cualquier consideración estamental y territorial. Solo en ella, la nación,
de forma exclusiva e indivisible, recae la soberanía, a diferencia de lo
postulado por los realistas (en el rey y las Cortes) o los diputados americanos
(en el conjunto de individuos y pueblos de la monarquía). Tal idea de nación
suponía suprimir los estamentos y los gremios, eliminando los privilegios y
fueros y las diferencias territoriales que existían entre los españoles. La
nación española no sería ya un agregado de reinos o provincias con códigos
diferentes, aduanas y sistemas monetarios y fiscales propios, sino por el
contrario un sujeto compuesto exclusivamente de individuos formalmente iguales,
como soporte de la unidad territorial legal y económicamente unificada.
En la imagen, sesión de las Cortes.
Al hablar de las medidas desamortizadoras de este
periodo, cabe decir que , los gobiernos liberales del Trienio tuvieron que
hacer frente de nuevo al problema de la deuda que durante el sexenio
absolutista (1814-1820) no se había resuelto. Y para ello las nuevas Cortes
revalidaron el decreto de las Cortes de Cádiz del 13 de septiembre de 1813
mediante el decreto de 9 de agosto de 1820 que añadió a los bienes a
desamortizar las propiedades de la
Inquisición española recién extinguida. Otra novedad del
decreto de 1820 sobre el de 1813 era que ahora en el pago de los remates de las
subastas no se admitiría dinero en efectivo sino sólo vales reales y otros
títulos de crédito público, y por su valor nominal (a pesar de que su valor en
el mercado era muy inferior). Por eso Francisco Tomás y Valiente lo consideró
como el decreto "más extremista" de los que vinculaban
desamortización con deuda pública.
A causa del bajísimo valor de mercado de los títulos
de la deuda respecto de su valor nominal, "el desembolso efectivo
realizado por los compradores fue muy inferior al importe del precio de
tasación (en alguna ocasión no pasó del 15 por ciento de este valor). Ante
tales ventas escandalosas, hubo diputados en 1823 que propusieron su suspensión
y la entrega de los bienes en propiedad a los arrendatarios de los mismos. Uno
de estos diputados declaró «que por defecto de la enajenación, las fincas han
pasado a manos de ricos capitalistas, y éstos, inmediatamente que han tomado
posesión de ellas, han hecho un nuevo arriendo, generalmente aumentando la
renta al pobre labrador, amenazándole con el despojo en el caso de que no la
pague puntualmente». Pero no obstante aquellos resultados y estas críticas, el
proceso desamortizador siguió adelante, sin modificar su planteamiento.
En términos generales hay que decir que las medidas de
desamortización tuvieron como consecuencia final la
consolidación del régimen liberal. Pero sus sombras fueron muy importantes. No
se produjo un aumento significativo de la producción agraria y la propiedad se
concentró más, por lo que el escaso desarrollo agrario impidió una profunda
revolución industrial. Se recaudo menos dinero del previsto pues la mayor parte
de las compras se hicieron en Deuda Pública y esta se devaluó pronto, hubo
bastante corrupción. En definitiva, la desamortización no cumplió las grandes
esperanzas de realizar una profunda reforma agraria, ni condujo a la
industrialización. Pero la desamortización fue inseparable de las dificultades
de consolidación de un Estado liberal amenazado por los partidarios del Antiguo
Régimen y con unos ingresos fiscales absolutamente insuficientes para hacer
frente a los gastos, pero para comprender la importancia y el alcance de
las medidas desamortizadoras pueden servir de orientación las cifras dadas por
García Ormaechea y que fija la superficie sometida a señoríos eclesiásticos y
órdenes militares en 9.093.400 aranzadas, lo que equivale a un 16'5 por 100 del
total de la superficie cultivada. Aunque a estas cifras haya que añadir las
correspondientes al clero secular, y los bienes de propios, baldíos y comunales,
difíciles de calcular, no cabe duda de que las distancias con respecto a las
dadas para la nobleza eran considerables. Quizá sólo cabría resaltar el hecho
de que las propiedades eclesiásticas, muy inferiores en cantidad respecto a las
nobiliarias, eran sin embargo, mejores en calidad.
Godoy ya se planteó en su momento la desamortización
una finalidad estrictamente económica como era la de sufragar los gastos de la
guerra y amortizar la creciente deuda pública.
Pero una cosa es el planteamiento y otra la
realización que, según Richard Herr, vino a ser un reparto de tierras a bajos
precios entre la nobleza, altos cargos de la administración y amigos de Godoy.
Se puede decir
que el rendimiento de la operación fue más bien escaso entre 1.430 y 1.600 millones
de reales. Pero tal vez más importante que el éxito financiero fue que no creó
una nueva clase social, ni reforzó el poder de la burguesía, sino al contrario
vino a aumentar la prepotencia de la aristocracia. Por otra parte dejó a los
beneficiados e institutos benéficos en la miseria y a los campesinos que venían
trabajando dichas tierras en una situación más inestable y precaria.
En tiempos de José I
tuvo unas características muy especiales. Nacida a imitación de la
francesa, no pudo superar las dificultades planteadas por la guerra y terminó
en una farsa sin sentido. La mayoría de los conventos y monasterios fueron
clausurados y sus propiedades repartidas entre los ministros y fieles
servidores del rey incluso sin que llegaran siquiera a subastarse.
Con el triunfo del pronunciamiento de Riego y la
instauración de la
Constitución de 1812 es lógico que se restableciera la
legislación emanada de las Cortes de Cádiz. Efectivamente el decreto de la Regencia de 13 de
septiembre de 1813 se convirtió después de una breve discusión en las Cortes,
en la ley de 9 de agosto de 1820. Las primeras Cortes del Trienio se declaraban
así fieles seguidoras de sus predecesoras las de Cádiz. No es por ello de
extrañar que siguiendo el camino
marcado por los diputados doceañistas, reintegrados a
la vida política tras varios años de encarcelamiento o exilio, aprobarán
rápidamente la ley con la finalidad de amortizar la deuda pública, aumentar la
base burguesa del nuevo régimen y
propiciar en alguna medida la mayor participación ciudadana en la
desamortización al admitir el pago en dinero lo que al mismo tiempo
beneficiaría al erario y, finalmente, reformar el clero regular.
Si en un
principio los diputados estuvieron obsesionados por el peso de la cuantiosa
deuda pública, estimada en 14.000 millones de reales, y por la defensa de la
propiedad individual para ampliar la base burguesa, pronto surgiría entre ellos un grupo de
exaltados liberales entre los que destacaban Sancho, Díaz del Moral y Ezpeleta
que reclamarían la atención del Congreso sobre la proyección social de la
desamortización. Así el valenciano Sancho defendió los beneficios que
reportaría al país la posibilidad de que el pago de las fincas se hiciera en
cinco años con el recargo de un interés módico. Díaz del Moral, Ezpeleta y
Cepero llevaron más allá la proyección social al pedir que en las subastas se
debía dar preferencia a los colonos o inquilinos, por el precio en que fuera
rematada la finca. Sin embargo, estas proposiciones fueron consideradas por los
diputados como inadmisibles por varias razones, entre otras, porque ello
supondría el origen de innumerables fraudes y pleitos y porque era un
privilegio para los entonces arrendatarios y enfiteutas (La enfiteusis es el
derecho real por el cual se entrega en forma perpetua o por largo tiempo el
dominio útil de un inmueble, reservándose el propietario su dominio directo a
cambio del pago de un canon o pensión anual que le efectúa el enfiteuta) y lo que
es más relevante Romero Alpuente replicó que podía significar el que la nación
se quedara sin tierras y además con la deuda.
Pero pronto cambiaría la postura del gobierno y de las
Cortes. A primeros de marzo de 1821 el ministro de Hacienda Canga Argüelles
daría la voz de alarma ante la inestabilidad política y del hundimiento de la
economía, escasos rendimientos de las exacciones fiscales, depreciación de la
deuda y propondría una serie de medidas encaminadas a aumentar la base popular
del régimen mediante la concesión de largos plazos para el pago de las fincas y
la aceleración de la venta por la simplificación de los trámites. En un
esfuerzo por favorecer a los colonos, Alvarez Guerra propuso un mes más tarde
el que las propiedades eclesiásticas les fueran concedidas en censo redimible.
Estas nuevas orientaciones se vieron plasmadas en el
decreto de 29 de junio de 1821 por el que se volvía a insistir en la
subdivisión de las fincas y la venta de las pequeñas (valoradas en menos de
6.000 reales) por dinero metálico pagando dos terceras partes de su tasa o todo
en diez años. Así mismo se daba la oportunidad a los colonos de los bienes del
clero regular de convertirse en propietarios pagando la valoración oficial en
veinte años, con recargo del uno por ciento, de interés anual.
Sin embargo, estas medidas quedaban anuladas al
aplicarse sólo en el caso de que las fincas no tuvieran postor en deuda
pública. Estaba claro que tanto los diputados de Cádiz, como los del Trienio,
en sus medidas desamortizadoras no iban más allá de una Reforma agraria
liberal. Por otra parte era comprensible en un sector social tan preocupado por
la propiedad privada individual y por la amortización de una deuda pública cada
vez más apabullante y, además, era lógico que la burguesía, a la que había
costado tanto conquistar el poder, tratara de consolidarse en él a costa del
clero regular, de los colonos y pequeños y medianos propietarios rurales. Los
remordimientos fueron escasos, por no decir nulos, a pesar de las protestas de
los colonos. Las consecuencias más importantes de la Desamortización de 1820-
1823 fueron, en el aspecto económico, el poder amortizar parte de la deuda
pública, si bien su enorme cantidad sepultó los posibles efectos beneficiosos
de la operación.
En cuanto al término de la división liberal, no hay
que mirar esta división entre doceañista y veinteañistas como una división
generacional, ya que no existía por así decirlo un diferencia en edad, pues
doceañistas como Argüelles, Toreno o el propio Martínez de la Rosa son realmente tan
jóvenes como Riego, Quiroga o Antonio Alcalá Galiano ( hijo del marino Dionisio
Alcalá Galiano, muerto en la batalla de Trafalgar) que representan a los
veinteañistas. El término doceañista proviene del arraigo a los
constitucionalistas de las Cortes de 1812, y el de veinteañistas de la Revolución de 1820, por
lo tanto ni unos ni otros representan épocas distintas.
Sí existe una
diferencia en cuanto a la cultura y las formas, es decir, los hombres que toman
el poder, los que forman el primer gobierno como Argüelles, Canga, García Herreros,
Pérez de Castro fueron diputados constituyentes doceañistas, que en su mayor
parte intelectuales, educados en el ámbito dieciochesco de la Ilustración
prerrevolucionaria, cultos, teóricos y dotados de una espléndida facilidad de
palabra que manejan las ideas con soltura, cosa que admiraban los
veinteañistas, pero que ya no entendían, ni participaban de ello. Entre éstos
últimos, los veinteañistas, se encontraban militares como el propio Riego,
Quiroga, López Baños, Evaristo San Miguel, y otros civiles como el propio
Antonio Alcalá Galiano, comerciantes como Istúriz, Romero Alpuente o Álvarez
Mendizábal, que no eran gente inculta, pero ninguno frecuentó la Universidad , y eran de
una educación algo mediocre y de un nivel social inferior a los doceañistas.
Los veinteañistas eran gentes que habían conspirado en las logias y en los
regimientos, habían arriesgado sus vidas para triunfar casi de milagro, eran
más activos e inquietos, más aventureros, algo más parecido a lo que luego se
llamaría el Romanticismo, en definitiva, contrarios a la parte doceañista que
luego representaría el conservadurismo liberal, o el liberalismo conservador.
Se formó, pues,
el primer ministerio constitucional, presidido por un hombre que se encontraba,
como otros, en prisión, integrado por doceañistas ilustres que como hemos
dicho, algunos pasaron desde los presidios desde los que cumplían injusta
condena, y en su mayoría habían participado en las Cortes de Cádiz.
Eran propietarios, grandes comerciantes e
industriales. Defendían la participación de la Corona en el proceso
reformista, el sufragio censitario y unas cortes de doble cámara. El rey, que
nunca acató con sinceridad el régimen constitucional, llamaba a sus ministros
"los presidiarios", Agustín de Argüelles, apodado "El
Divino", fue el primero a quien el Rey le había nombrado ministro de la Gobernación , para su sorpresa. En el mismo Gabinete
estaban Pérez de Castro, Canga Argüelles, García Herreros, Antonio Porcel y
Pedro Agustín Girón, el Marqués de las Amarillas. Fernando VII denominó a este
primer Gobierno liberal, como ya se ha comentado, el de "los presidiarios", ya que
todos menos Girón habían sido presos políticos después de 1814. El Ejecutivo se
mantuvo entre junio de 1820 y marzo de 1821, ni siquiera un año, después
vinieron otros doceañistas presididos
por Martínez de la Rosa ,
(llamado «Rosita la pastelera» por su espíritu conciliador). Esta facción
moderada gobernó hasta 1822.
Durante aquellos meses Argüelles y el resto del
Ministerio tuvieron que enfrentarse a la tensión y a la violencia tanto de los
que, a su izquierda, creían que la revolución no había terminado, los
exaltados, como de los que, a su derecha, pretendían la vuelta al absolutismo,
los realistas. El mismo Argüelles confesó
que tenían que gobernar "conteniendo la revolución".
En la imagen, Agustín de Argüelles.
Tanto este gobierno, el de Argüelles, como los
presididos por Felíu, Martínez de la Rosa , Bajardí, y el de don Evaristo San Miguel
trataron de acreditar el gobierno constitucional pero se encontraron no sólo
obstaculizados por las pasiones políticas de los propios liberales que ya se
encontraban divididos, si no por la más grave de las dificultades, que fue la
resistencia del rey y los absolutistas. El rey boicoteó de forma sistemática
las reformas liberales, tanto en la primera legislatura (9 de julio de 1820
a la Nueva , José de Carvajal,
sin el refrendo del Secretario de Despacho, como era preceptivo, significó la
primera infracción del monarca a la Constitución. Trataba despectivamente a sus
ministros, derramaba el oro en conjuras anticonstitucionales, levantaba
partidas que se titulaban Ejércitos de la Fe , que alentados por las conspiraciones del rey
y espoleados por la grave crisis económica pronto surgieron movimientos de
protesta contra el gobierno liberal en Madrid.
Para más
penurias que sumar, aparecieron nuevas sociedades secretas, los Comuneros, a
cuyo frente se hallaba Riego, y era una sociedad secreta cuyo nombre,
Comuneros, lo toman de la sublevación del siglo XVI. La sociedad trataba de ser
una alternativa radical a los masones, y entre sus ideales estaban los de
tratar de rescatar las luchas por las libertades. Su pensamiento puede
catalogarse de democrático radical y republicano. Contaron con un periódico con
el significativo nombre de El eco de Padilla, y tenían su propio himno, el
himno de Riego, que era el himno que cantaba la columna volante del entonces
Teniente Coronel Rafael de Riego tras la insurrección de éste contra Fernando
VII el 1 de enero de 1820 en Las Cabezas de San Juan, aunque también había
quien cantaba el Trágala, que fue la
canción que los liberales españoles utilizaban para humillar a los absolutistas
tras el pronunciamiento militar, a principios del Trienio Liberal.
También
apareció la sociedad de los carbonarios,
que aspiraban sobre todo a la libertad política y a un gobierno constitucional.
Pertenecientes en gran parte a la burguesía y a las clases sociales más elevadas,
se habían dividido en dos sectores o logias: la civil, destinada a la protesta
pacífica o a la propaganda, y la militar, destinada a las acciones armadas,
también hubo nobles entre sus miembros, y también aparecieron ciertas
sociedades patrióticas modeladas al estilo de los clubs de la Revolución francesa,
como la del Café de Lorenzini (Puerta del Sol), o La Fontana de Oro, aunque posteriormente fueron suprimidas para
evitar algaradas como ocurrió con la aparición de Riego en Madrid, con el argumento de no ser necesarias para el
ejercicio de la libertad.
Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron
las sociedades secretas entre las que destacó la masonería que, como reconoció
en su tiempo el marqués de Miraflores, perdió su objetivo filantrópico para
sustituirlo exclusivamente por el político.
Los llamados Veinteañistas o liberales exaltados, eran
en su mayoría jóvenes seguidores de Riego, entre los que estaban el propio
Riego, Quiroga, Mendizábal y Alcalá Galiano (hijo).
Su lema era "Constitución o muerte", es
decir pretenden conservar íntegramente la Constitución de 1812 ampliando al máximo el
liberalismo, y la monarquía debía limitarse a funciones simplemente ejecutivas. Defienden el Sufragio Universal
masculino, Cortes de una sola cámara y libertad de opinión. Gobernaron entre 1822 y 1823,
a la Revolución Exaltada , y
una vez en el poder (desde el verano de 1822 y presididos por Evaristo San
Miguel, primero y Flores Estrada, después) moderan sus actitudes, que hasta el
momento habían sido de tensiones, sublevaciones y revueltas, pudiendo
calificarse de una Revolución dentro de otra Revolución. Sus principales medidas fueron la Libertad de industria y
abolición de los gremios, que restablecían los decretos de las Cortes de Cádiz de
1813, la Supresión
de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos. Sin embargo, los antiguos
señores se convierten ahora en los nuevos propietarios y los campesinos en
simples arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban sus rentas, la Reforma
fiscal. Se trató de imponer una contribución única sobre la propiedad de la
tierra, que no llegó a ponerse en vigor debido a la invasión de los Cien Mil
Hijos de San Luis.
Las consecuencias de toda esta política eclesiástica
fueron graves. Los conflictos con Roma, la ruptura de la Iglesia y el Estado
Liberal, el desgobierno de las diócesis por la expulsión de ocho Obispos que se
opusieron a la aceptación de tales medidas, otros cinco obispos huyeron al ser
perseguidos, uno fue apresado y otro asesinado (fray Ramón Strauch, Obispo de
Vich). En 1823 había quince diócesis vacantes por defunción, once tenían sus
obispos exiliados y seis se hallaban en situación cismática por la designación
anticanónica de sus vicarios. También en 1823 se procedió a la expulsión del
Nuncio. Además de todo esto, dentro del
clero se produjo una escisión interna ya que hubo eclesiásticos liberales
radicalizados y, en las listas de unos cuatro mil individuos pertenecientes a
la masonería, se encuentran hasta ciento noventa y cuatro eclesiásticos. Por
otro lado, hay que decir que la mayor parte del clero realista se radicalizó
también, sumándose de hecho o de forma potencial a la insurrección armada de la Regencia de Urgell,
produciéndose asimismo algunas divisiones dentro de los propios conventos o de
las mismas comunidades fomentándose la discordia. La exacerbación de parte del
clero y de los fieles contribuye a revestir de apariencia religiosa la guerra
civil de la que seguidamente hablaremos, pues en gran medida, los realistas de
entonces se proclamaban defensores de la libertad de la Iglesia y los liberales
invocan al carácter pacífico del Evangelio no respetado por los otros. El
conflicto estaba servido.
En cuanto a las Reformas militares, se mejoran los
sueldos del ejército y se reforzó la Milicia Nacional , que tras la sublevación de
Riego, llegó a contar con 120.000 hombres afiliados. Obligaba a disciplinas, a
guardias nocturnas. Con el tiempo se dirigen contra los moderados (no contra
los realistas) provocando un ambiente de preguerra civil.
La mayor libertad de opinión permitió el desarrollo de
una potente prensa de signo liberal (La Avispa , El Patriota, El Vigilante Constitucional
o el Sabañón) y junto a ellos de panfletos y hojas volanderas.
En 1822, la situación del país se deteriora y la
guerra civil, buscada por los absolutistas y por la cada vez más insostenible
situación política en que se hallaba la Nación ,
estalla como un previsible
incendio, sus comienzos fueron cuando el
7 de julio se sublevaron los cuatro batallones de la Guardia Real que estaban
en el Pardo y entraron en Madrid vitoreando al rey absoluto, pero fue
rápidamente aplastada por la
Milicia Nacional , que
era una guardia cívica creada por el nuevo régimen, como ya se ha
comentado, y los enfrentamientos entre
la mayoría exaltada de diputados y el gobierno moderado se incrementaron aún
más. En medio de la división del liberalismo, se desató esta guerra civil en el
verano de 1822 con los levantamientos realistas de Cataluña, Navarra y el País
Vasco, de las que hablaremos y nombraremos a algunos de sus protagonistas. En
mitad de todo esto, los exaltados o veinteañistas, que ya habían dado muestras
de su influencia en el gobierno, accedieron por completo al poder, y el rey se vio obligado a nombrar el 5 de
agosto un nuevo gobierno encabezado por Evaristo San Miguel, que si bien, como
ya se ha dicho, intentó poner algo de orden en la situación, lo cierto es que
la misma se radicalizó de forma brutal, y prueba de ello fue que las
represiones contra los realistas fueron en aumento. Un ejemplo fue la de don
Matías Vinuesa, cura de Tamajón, acusado
de conspirador, fue asesinado a martillazos en la cárcel y su cadáver
arrastrado por las calles.
Por esas fechas se haría tristemente famosa la Tartana de Rotten, así
la definiría una publicación de la época:
" el Brigadier liberal Antonio Rotten, de origen
suizo, y de la secta comunera, se excedió en crueldades. Encarcelados en
Manresa graves ciudadanos y sacerdotes (uno había 'de ochenta años), pretextó
cambiarlos de prisión. Conducidos en tartanas hasta «los tres roures» de La Guardia , asesinaron a
los veinticuatro santos varones, a tiros y bayonetazos (17 de noviembre de
1822). El procedimiento de fingir un traslado para llevarles a morir, se
vinculó de tal modo en Rotten, que, ya en Barcelona, cobró fatídica fama «la
tartana de Rotten".
La
contrarrevolución realista se concretará en la aparición partidas de campesinos
fuertemente influenciados por la
Iglesia en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña.
Alentados por estas protestas, la oposición absolutista se aventuró a crear
Regencia Suprema de España en Urgel, cerca de la frontera francesa. Trataban
así de crear un gobierno español absolutista, alternativo al liberal de
Madrid. El fracaso de la Regencia de Urgel hizo
evidente para Fernando VII y los absolutistas que la única salida para acabar
con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas
europeas, empezaba a plasmarse el ideal de solicitar la ayuda internacional en
la intervención del devenir de la historia contra la Constitución de 1812.
Por ejemplo, en
Cataluña la partida más importante era la del llamado
"Trapense",(Antonio Marañón “el Trapense”), fraile arrojado y valeroso, con aire de
asceta, que llevaba el crucifijo al pecho y al cinto el sable y la
pistola, famoso por su crueldad y
fanatismo, conquistando un pueblo tras otro y matando despiadadamente a cualquier
prisionero liberal. Su más conocida hazaña fue la del asalto y ocupación de Seo
de Urgel, en 1822, llevada a cabo por el levantamiento absolutista de Romagosa
en contra del Gobierno liberal de Rafael de Riego, a pesar de estar defendida
por numerosas tropas y sesenta piezas de artillería.
Imagen alegórica del Trapense.
Otro famoso puede ser Jerónimo Merino Cob (Villoviado,
Burgos 1769 - Alençon, Francia, 1844), conocido como «El Cura Merino», fue
sacerdote y guerrillero español, quien no se debe confundir con su
contemporáneo Martín Merino, también apodado "el cura Merino".
A este último, como hemos avisado, no hay que
confundirlo con Martín Merino y Gómez (Arnedo, 1789 - Madrid, 7 de febrero de
1852), llamado el cura Merino o el apóstata, fue un religioso español y
activista liberal, hijo de una familia de labradores castellanos del Valle de
Arnedo, a principios del siglo XIX ingresó en un convento franciscano de Santo
Domingo de la Calzada ,
que abandonó al estallar la guerra de independencia para unirse a una partida
de guerrilleros que actuaba en la provincia de Sevilla; se ordenó como
sacerdote en 1813 en Cádiz; al terminar la guerra volvió al convento hasta
1819, fecha en la que debido a sus ideas liberales se exilió en Agens
(Francia). En 1821 regresó a España y se secularizó; en 1822 fue amonestado por
increpar e insultar al rey Fernando VII y poco después tomó parte en los
sucesos de julio de ese mismo año en Madrid, por lo cual estuvo preso durante
unos meses, fue más conocido por haber llevado a cabo un intento de regicidio
contra la reina Isabel II en 1852, quien se salvó de una cuchillada gracias a
las ballenas de su corsé, y por cuyo atentado fue ejecutado. Este hombre no
podría considerarse más que un pobre loco de la época.
Imágen de Martín Merino:
En este estado de cosas y de sucesos que se iban
agrandando hasta constituirse en un problema de gran magnitud, dio comienzo lo
que sería la primera guerra civil de la historia contemporánea de España. A las
guerrillas realistas, de las cuales ya hemos comentado alguna, cabría añadir la
de Manuel Adame de la
Pedrada , más conocido como El Locho, la de Pedro Zaldívar o
Pedro José Bernabé Zaldívar Rubiales, que luego se uniría a la de El Locho, la
de Ignacio Alonso de Cuevillas, la de
Agustín Saperes o Saperas, más conocido como "El Caragol", o la de
Joaquín Ibáñez, el barón de Eroles, en total, podrían llegar a identificarse
unas cuatrocientas partidas insurrectas. Lo cierto es que se trata de una
guerra civil generalizada, difusa, pero sin organización, y se trata de aunar
aquel movimiento de protesta dotándolo de organización mediante la Junta de Bayona,
presidida por Eguía, primero, y la
Junta de Toulouse dirigida por el marqués de Metaflorida
Bernardo Mozo de Rosales, que desembocó finalmente en la Regencia de Urgell por
medio de Don Joaquín de Ibáñez Cuevas y de Valonga, Barón de Eroles, marqués de
la Cañada ,
capitán general del Ejército y del Principado de Cataluña, abogado, miembro de la Real Academia de Buenas
Letras de Barcelona, Caballero de la Orden de Carlos III y de la Cruz Laureada de la Militar de San Fernando,
comendador de la Orden
de San Luis y oficial de la
Legión de Honor del reino de Francia, guerrillero y vocal de
las Regencias de Urgel y Madrid. El intento de este último por regularizar la
guerra, resultó un completo fracaso, teniendo en cuenta que también en el bando
realista se escinde en dos facciones, los ultras, o realistas puros, y los
aperturistas, más moderados, aunque esto no fuera causa principal del fracaso
de regularización de la guerra, la causa fue que las tropas estaba mal
pertrechadas, carentes de bases, de mandos experimentados y de una auténtica
instrucción militar.
En la imagen, el cuadro de Goya Duelo a garrotazos o
la riña. Es una de las Pinturas negras que Francisco de Goya realizó para la
decoración de los muros de la casa —llamada la Quinta del Sordo— que el
pintor adquirió en 1819. Esta pintura ha
sido vista desde su creación (1819-1823) como la lucha fratricida entre
españoles; en época de Goya las posiciones enfrentadas eran las de liberales y
absolutistas. El cuadro fue pintado en la época del Trienio Liberal y del
ajusticiamiento de Riego por parte de Fernando VII, dando lugar al exilio de
los afrancesados, entre los que se contó el propio pintor. Por esta razón el
cuadro prefigura la lucha entre las Dos Españas que se prolonga en el siglo XIX
entre progresistas y moderados, y en general en las posturas antagónicas que
desembocaron en la Guerra
Civil Española.
Ateniéndonos a las referencias de algún historiador,
podemos definir aunque no de una forma totalmente generalizada, esta guerra
civil es un enfrentamiento entre el campo, y la ciudad, ya que el liberalismo
es un fenómeno eminentemente urbano y patrimonio de la burguesía, aunque si
bien resultaría erróneo decir que todos los ciudadanos de núcleos importantes
de población piensan en liberal.
Por el
contrario, el campo mantiene con mayor apego la fidelidad a las viejas
tradiciones, prueba de ello es que es en el medio rural donde el clero cumple
un papel muy importante en el control de las mentalidades colectivas, debido al
malestar por las medidas anticlericales tomadas por el liberalismo más
reaccionario al final del Trienio Constitucional, y el fracaso de la política
de desamortización eclesiástica que causaron gran malestar en la gente del
campo, y en el propio clero en sí. Resumiendo lo que dio de sí esta guerra,
podemos decir que el gobierno moviliza las exiguas tropas de que dispone por
todo el territorio, pero la resistencia no deja de ser puntual. De esta manera,
el centro está defendido por Enrique José O’Donnell, I Conde de La Bisbal (Donosita-San
Sebastián, Guipúzcoa, 1776-Montpellier, Francia, 1834). Asturias y Castilla son
territorios de Pablo Morillo, y Francisco Espoz y Mina (Idocín, Navarra,
1781-Barcelona, 1836) resiste en Cataluña. Pero esta contención pronto se
manifiesta ineficaz, dejando el camino libre hasta Andalucía. El Gobierno y las
Cortes recurrirán al cambio de sede que ya practicaran en la Guerra de la Independencia. Se
declara incapacitado al monarca, quien es retenido en Cádiz, lugar donde
acabarán refugiándose. En 1823, los dos bandos están agotados, y la guerra
civil parecía ya endémica cuando de pronto, vino a cambiarlo todo una
intervención extranjera.
Más que una revolución frustrada, podríamos definir el
final de esta etapa como una derrota militar, de la que hablaremos en algún
capítulo más adelante, y una represión política brutal. La propia diferencia
entre los constitucionalistas que acabó en una división traumática, así como una contrarrevolución interna, apoyada por
sectores proclives al Antiguo Régimen y los campesinos perjudicados por las
medidas liberales, así como el clero, unido a una creciente desconfianza de las
clases propietarias de la burguesía que apoyaban al régimen liberal por la
falta de profundidad y convencimiento en el mensaje contribuyeron al fracaso de
la tentativa constitucional, falto de una administración efectiva en manos de
funcionarios carentes de preparación. Se ha dicho que el carácter efímero de la Constitución de 1812
radica en su carácter excesivamente teórico y por su racionalismo utopista. Sin
duda el articulado del texto es farragoso e incluso contiene contradicciones y
no recoge una declaración completa de derechos, entre otros el derecho de reunión
y de asociación, que fueron objeto de debate en las Cortes del Trienio y en la
prensa. Aún así, es referente de libertad durante una época de absolutismo
heredada de un Antiguo Régimen y arraigada en una sociedad acostumbrada a una
tiranía secular, por lo que sería injusto sostener que aquellos liberales
fueran todos malos políticos porque fueron incapaces de sostener y afianzar el
constitucionalismo, sabiendo como hemos visto, el cariz de la fuerza que se
encontraron en frente, pero también es justo decir que no se detuvieron a
contar con el apoyo del pueblo llano, o por lo menos, de la mayor parte de la
sociedad.
Merece la pena subrayar el papel de la masonería en
esta época de revoluciones, levantamientos, pronunciamientos tumultos
conspiratorios, a la que contribuyen los cuatro mil oficiales exprisioneros de
guerra en Francia, donde habían asimilado las ideas políticas del liberalismo.
Algunos habían ingresado en las logias militares masónicas. La Masonería fue, por
supuesto, un canal de comunicación entre liberales y militares durante aquel
periodo, y de un modo concreto en la fase conspiratoria del alzamiento de 1820,
pero cabe aclarar que principalmente, no fuero esto los militares de carrera,
como ya se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo, resaltando, sobre
todo, la masonería gaditana. También, como se ha visto ya, la masonería tuvo su
papel dentro, incluso, de la propia Iglesia.
En el próximo capítulo, LA INTERVENCIÓN
EXTRANJERALA CAÍDA DEL
